A raiz de la campaña que lanzaron las NNGG del PP para denunciar de forma anónima a docentes que adoctrinan en los centros educativos se han vertido muchas opiniones. Aquí pueden leer las de los sindicatos de educación.
Pero son muy sintomáticas las que proceden de ámbitos conservadores, en especial porqué coinciden con unas polémicas manifestaciones en clase de la docente del CEU Gloria Casanova que también han merecido su valoración.
En la tertulia en Ser Castellón se pudieron escuchar opiniones que, afirmando respetar la libertad de cátedra, exigían a los docentes una labor educativa aséptica. Nada nuevo, una posible pérdida de neutralidad es la excusa de los cachorros del PP para lanzar esa campaña de delaciones anónimas.
De manera muy parecida el President de la Generalitat indicaba que los docentes deben dedicarse a enseñar, dejando aparte sus ideas o “gustos”. Como una muestra de todas estas voces pueden leerse las declaraciones del coordinador de comunicación del PP en Castellón Miguel Barrachina.
En todas ellas se plantea que mantener una determinada postura por parte de los docentes puede ir en contra del derecho a la libertad ideológica de los alumnos y por ello se exige que los enseñantes olviden que ese derecho también es suyo.
El derecho a la libertad ideológica es inherente a cualquier democrácia. Nadie puede ser privado de él. El derecho a la libertad de expresión es también un derecho básico que, en la docencia, podemos equiparar a la libertad de cátedra. De ninguna manera se puede limitar la libertad de expresión en base a las creencias o ideológias de los demás. No se puede limitar el derecho a expresarse de alguién porqué a otros no les guste lo que uno dice.
Porque lo que uno expresa no ataca la libertad ideológica del que escucha. La libertad ideolológica se ataca cuando a una persona la obligan a callar. Aunque la excusa sea que el oyente se escandaliza.
Esto lo entienden muy bien los portavoces del PP cuando se refieren al caso de la docente del CEU. Hablan acertadamente de libertad de cátedra, de que es posible no compartir las opiniones expresadas por una profesora, del debate necesario y enriquecedor. La Consellera de educación afirma incluso que no conoce con detalle lo sucedido y que para tener una opinión más cabal necesitaria información relevante.
¿Porqué no aplican ese mismo argumento a cualquier otra situación docente? ¿Porqué no rechazan las denuncias anónimas de difícil contrastación?
La respuesta tiene que ver con su concepción de la pluralidad y de la propia democracia. Todas las personas, sin excepción tienen derecho a la libertad ideológica, a la libertad de expresión y, en el caso de ser docentes a la libertad de cátedra. Toda persona, por otra parte, es responsable de sus actos y debe cumplir la legislación (no entraremos ahora en el imperativo ético de no cumplir leyes injustas) y la ley se debe aplicar cuando se lesionan derechos. Y los docentes además deben cumplir su función con profesionalidad. Pero no es esto lo que los conservadores plantean aquí.
Lo que piensan es que hay opiniones que no se pueden expresar. Cuando piden neutralidad y asepsia están exigiendo que la expresión se limite a aquellas ideas que consideran aceptables y que deberían prohibirse aquellas que no les parecen adecuadas. Lo que plantean es que quienes expresan ideas que coinciden con las suyas estan enseñando, mientras que los que expresan otras opuestas estan adoctrinando. Lo que hay es una inversión interesada de los derechos de manera que sentirse ofendidos en sus conciencias lo interpretan como un ataque a su libertad mientras que hacer callar al autor de la ofensa les parece normal, neutral, aséptico.
Todos los años, cuando se acerca el 14 de abril y Rita Barberá prohibe que se toque “La muixeranga”, el himno de riego, las canciones de homenaje a las víctimas de la represión franquista enterradas anónimamente en las fosas del cementerio de València, con la argumentación que se puede ofender a gente que piensa distinto. Por supuesto, y como corresponde, se le desobedece.
Es esta forma sectaria de entender la democraciá, los derechos y las libertades la razón de que no les alarme la clara coacción ideológica que supone el que la asignatura de Doctrina Social de la Iglesia sea obligatoria durante tres cursos para los estudiantes de periodismo del CEU (Que admite magnanimamente una respetuosa discrepancia con la dóctrina católica), tampoco el hecho de que se esté pagando con fondos públicos a los centros concertados que defienden un ideario concreto o que no les escandalice que se intente tapar la boca -y a veces lo consigan, con normas o con campañas despreciables como la que nos ocupa- a los docentes que no expulsan la realidad de sus aulas y hablan de la reforma laboral, o de la educativa, o del sufrimiento de la mayoría de la gente que los rodea.
No aceptan que para enseñar hay que mojarse, respetar radicalmente los derechos de todas las personas, asumir y elaborar los conflictos que eso supone y trabajar por y con la gente: alumnado, familias y comunidad. Enseñar no és servir a los dueños, no es obedecer a los que pontifican sobre qué es lo correcto, no es agachar la cabeza ante los que quieren imponer asepsia dictando que lo suyo, y sólo lo suyo, es lo neutro y lo imparcial.